El Movimiento de Psicólogos Migrantes agrupa profesionales de la psicología de todo el mundo que al momento de migrar a España han encontrado que sus carreras de Licenciatura (de 5 años a 6 años según la universidad), sus posgrados, y sus años de experiencia profesional, no tenían cabida a la hora de intentar homologar sus títulos.

La legislación vigente (RD 967/2014, de 21 de noviembre) no incluye al Grado de Psicología Español (de 4 años) en el anexo 1 que define qué títulos son susceptibles de homologación. Esta exclusión deja a los Psicólogos Migrantes con dos opciones: 1) solicitar una equivalencia a “ramas del conocimiento” (anexo 2), ya sea a “ciencias de la salud” o “ciencias jurídicas y sociales”; o 2) buscar una universidad en la cual solicitar de manera privada una convalidación.

En caso de que opten por continuar por la vía de ministerio, esto es solicitar la Equivalencia, deberán sufrir una espera de al menos 2 años por una resolución de escaso valor ya que luego con la misma verán bloqueada la posibilidad de poder colegiarse en el Colegio de Psicólogos, y tendrán cerrada también la posibilidad de realizar el Máster habilitante (Master en Psicólogo General Sanitario) ya que el requisito de acceso al mismo es el Grado Español.

En caso de que decidan convalidar deberán: a) encontrar una universidad y pagar para que se realice un estudio de convalidación, b) con dicho estudio decidir si continuar en dicha universidad, o buscar otra y pagar por un segundo estudio para poder comparar el % de créditos que se convalidan, c) pagar por los créditos convalidados, y d) pagar para matricularse en créditos pendientes. En vistas a que se reconoce entre un 45% y 70%, hablamos de someter a un graduado con años de práctica profesional y estudios de posgrado a volver a ser alumno de grado durante dos años y pagar nuevamente por los estudios ya realizados.

Encontramos graves problemas en la normativa actual:

1) Por un lado se incumple con la debida reciprocidad diplomática y convenios internacionales, el migrante Español puede homologar su título de Psicólogo en nuestros países, pero nosotros al migrar a España no recibimos el mismo trato. Como movimiento nos encontramos trabajando con consulados y embajadas sobre este punto, para intentar canalizar una queja formal por intermedio de los mismos ya que se están afectando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Como bien indica el presidente del COP, en la revista “infocop” n.84 de Enero 2019, esta normativa no solo degrada el título Español de Grado, sino que lo expone al riesgo cierto de que los países extranjeros comiencen a bloquear las homologaciones como contrapartida al trato dado por España a los titulados de sus países.

2) Al decidir no tramitar homologaciones, y derivar el tema a las universidades para realizar una convalidación, el estado español está delegando en 3ros funciones propias, e incumpliendo sus obligaciones. Esta delegación no es gratuita, se trata de una privatización en toda regla que da lugar a un negocio privado donde universidades como la Universidad Internacional de La Rioja se dan el lujo de exigir hasta 12 mil euros por realizar una convalidación.

3) Se produce una afectación y violación de derechos fundamentales en las que una persona no solo es privada de sus posibilidades de trabajo, y desvalida de sus títulos y estudios, sino que al hacerlo en un contexto de encerrona burocrática y maltrato institucional se abre lugar a un proceso que afecta la salud de los afectados.

La pérdida de autoestima, el desdibujamiento del horizonte de futuro, la espera eterna de trámites que nunca llegarán, y otra infinidad de situaciones que suceden a diario desembocan en que en un estudios como el realizado por A.P.S.A.E. el 100% de los encuestados considere que “estas trabas y demoras” han afectado su bienestar emocional y psíquico; y que el 92,1% considere que esto le ha “desencadenado un proceso de duelo” que ha “impactado negativamente en su salud” (APSAE, 2021).

La sintomatología descripta por los encuestados incluye: ansiedad, alto sentimiento de frustración, baja en el autoconcepto y autoestima, pérdida de la identidad, depresión, problemas de sueño, inseguridad respecto a las propias capacidades, desánimo, impotencia, pérdida de motivación, angustia recurrente, altos niveles de estrés, irritabilidad, sensación de alienación y pérdida del sentido, impotencia, por solo nombrar algunas. Muchos de ellos han tenido que iniciar, o retomar, tratamiento psicológico debido a esto, y han tenido problemas familiares y de pareja a consecuencia de lo mismo.

Como podemos ver, no se trata solo de un problema “legal”, un debate sobre una norma y si la misma es justa o no, sino que hablamos de la generación de un daño real, mensurable, y concreto, a personas que hasta el momento de impacto con esta norma se dedicaban a tratar en otros este tipo de afecciones. Quien hasta el momento de migrar se dedicaba a trabajar en pos de la mejorar el bienestar y la salud de otros, hoy se encuentra afectado por problemáticas que no le son ajenas, y que se suman a la impotencia de no poder sumar sus conocimientos y herramientas a intentar solucionar la crisis de salud mental en la que se encuentra España.

Hay en estos los estudios un punto más, y que torna la cuestión más preocupante: esto es la posible cronificación de la cuestión. Como psicólogos tenemos claro que una cosa es acomodarse a un fuerte embate cuando este es repentino pero momentáneo, pero que cuando estas situaciones se cronifican el pronóstico no es bueno. El estudio de A.P.S.A.E. nos muestra que en lo que respecta a inserción laboral solo un 6,7% ha logrado trabajar en el área de la psicología de su interés, un 17,3% se ha insertado en otra área de la psicología distinta a la de su interés, 49,3% trabaja “de otra cosa” no relacionada con la psicología, y un 26,7% directamente no consigue trabajo. Si expandimos el horizonte temporal, y preguntamos por las perspectivas de futuro, y ahí es donde entra el riesgo de cronificación, encontramos con que 6,8% cree que le tomará un año insertarse en el área psicológica de su interés, un 30,1% cree que le llevará de 2 a 3 años, un 43% ve difícil lograr insertarse, y un 4,1% cree que directamente no lo lograra (APSAE, 2021).

Mal asesoramiento, abuso, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y cobro indebido de tasas.

A todo lo antes descrito se suma un agravante, del que también entendemos bastante los psicólogos a la hora de mesurar el impacto que un suceso puede tener: el engaño, la decepción, y la manipulación. No solo se trata de que la norma dice que no se puede, y ya. No. Desde el ministerio, las delegaciones de gobierno, y la consejería de educación de España en el cono sur, se ha asesorado mal y de manera continuada (no son casos aislados) a todos los psicólogos que acudían a intentar informarse. Así se les ha indicado de manera masiva que lo que debían hacer era solicitar la homologación a Master en Psicólogo General Sanitario (que si esta incluido en el anexo 1) y que esa era la vía regia para solucionar esta cuestión ya que cuando se les aprobara la resolución no solo se les homologaría el máster sino también el grado.

Pudiendo intentar convalidar, pudiendo intentar reconfigurar sus planes y volver a su país de origen o planear una nueva línea de trabajo, estos psicólogos fueron inducidos a presentar un trámite que la administración sabia les denegaría. Así, esperaron 2, 3, y más años, por algo que no llegaba, hasta que el ministerio los sorprendió a mediados de 2021 con una carta exigiéndoles presentar el Grado Español (o homologación al mismo) para poder tomar en consideración sus expedientes, de caso contrario el mismo sería cerrado automáticamente en 3 meses. Con este timer corriendo sobre sus cabezas los afectados quedan en situación de indefensión administrativa, ya que no cuentan con una resolución contra la que poder accionar judicialmente.

Si, lo sabemos, suena ridículo. A quien intenta homologar, le piden que tenga lo que no tiene (sino no intentaría homologar), pero además se lo piden aquellos que al asesorar respecto al trámite no les indicaron que este fuera un requisito necesario, y les tomaron como completo el trámite. O sea: los que deberían homologarte a grado, te piden la homologación a grado que no te dan, para la homologación a master que ellos mismos te recomendaron solicitar. Delirante, sin dudas, y hasta daría para una buena novela si no fuera por el daño que genera, y por los cientos de miles de euros que ha recaudado España cobrando por un trámite que sabían que iba a rechazar.

¿Se basa este giro repentino, esta carta enviada a los homologantes, en algún cambio normativo? No. Algunos hablan de que se trata de un cambio de criterio, a raíz de un cambio de un funcionario a nivel de dirección. Lo sea o no, es una arbitrariedad manifiesta, y convierte a todo el procedimiento en una defraudación y una estafa. Lo que pasa por la cabeza del funcionario Español que asesora mal sin pensar en el otro, ni en el tiempo que hace perder, ni en el daño que puede generar, no lo sabemos. Si sabemos que no es excusable, y que el estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de subsanar los daños generados, y de resolver esta situación kafkiana a la que ha sometido a miles de personas.

Propuesta de solución

Exigimos se modifique la normativa actual para habilitar la homologación al grado español. No pedimos que la misma sea “directa”, no. Cómo somos profesionales responsables no nos molestaría realizar lo que se nos indique en caso de que sea una homologación condicionada. En definitiva lo que pedimos es que se destrabe este problema, para poder seguirnos formando y trabajar, cosa que hoy no podemos hacer al tener vedado el acceso al Master de Psicólogo General Sanitario.

Exigimos también un trato igualitario y coherente, esto es que si las Licenciaturas Españolas son nivel 3 del MECES por su recorrido de 5 años, nuestras licenciaturas también lo sean. Nos encontramos en una situación en la que estamos intentando canjear formación de entre 5 y 6 años por formación de 4 años, porque el cómputo realizado de las horas de estudio no es correcto, y porque el Ministerio Incumple la propia legislación vigente (ver BOE 236, de 2 de octubre de 2015).

Nos referimos a que el cómputo de créditos europeos asigna el valor de 25 horas de dedicación a 1 ECTS, mientras que las currículas de nuestras licenciaturas computan horas cátedra, esto es: horas de asistir de manera presencial a clase en la universidad. Al convertir sin más las “horas de asistencia a clase” en “horas de dedicación del modelo Europeo” se produce un desfasaje, ya que las horas de dedicación incluyen horas dedicadas a trabajos, a lectura, y a actividades que nuestras currículas exigen y el alumno obviamente realiza, pero que no se computan dentro de la cuenta total de horas. Este mal cálculo hace que las 3375 horas de asistencia presencial de una Licenciatura puedan parecer 135 créditos ECTS cuando en realidad estamos hablando en realidad de al menos unos 300 créditos ECTS si realizáramos una conversión correcta. Esto deja al Psicólogo Extranjero no en situación de deber asistir a la universidad 2 años para convalidar a un título inferior (MECES 2), sino en posesión de un extra de créditos ECTS correspondientes al nivel de un Master (MECES 3).

Exigimos poder contar con una normativa coherente, y razonable. Hasta el Real Decreto de 2014 las Licenciaturas Extranjeras se homologaban sin problemas a la Licenciatura Española, no hay absolutamente ningún argumento lógico que enlace la decisión de quitarle un año a la formación de grado local con el dejar de reconocerle a la formación extranjera el nivel que se le reconocía hasta entonces. La modificación de la que hablamos se realizó en el marco de la adaptación normativa al plan boloña, pero en el marco del mismo países como Alemania, por poner un ejemplo, homologan la Licenciatura extranjera por el Grado + Master Aleman, lo cual es coherente con el Nivel MECES 3 que España Reconoce a las Licenciaturas Españolas. Es inentendible que quien puede tener Grado + Master en Alemania no pueda tener ni siquiera el grado en España y se le exija convalidar.

Exigimos también una profunda revisión de los procedimientos internos, de la correspondencia enviada por los funcionarios, y de las personas a cargo de delegaciones y puntos de información, que localice a los responsables de la violencia institucional a la que hemos sido sometidos y que mancha el nombre de la Nación Española toda. El funcionariado de por vida no puede ser una excusa para el ejercicio del mismo como un lugar de poder desde el cual humillar y someter a terceros por su color de piel o país de origen.

Exigimos también una disculpa pública, que lleve algo de calma a los afectados e intente compensar en la medida de lo posible el daño sufrido.

Exigimos también, en solidaridad con el reclamo de los Psicólogos Españoles y los usuarios del servicio público de salud mental, la ampliación de las plazas PIR (#MasPlazasPir) para las próximas convocatorias, así como también la ampliación de las plazas PEPC (#MasPlazaPEPC), que permitan poder contar con una atención pública de salud mental de calidad.